- Tal día como hoy en 1837, en España, Juan Álvarez Mendizábal promulga la ley de desamortización de la Iglesia.
- La desamortización fue una de las armas políticas con la que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen para implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX.
El 29 de septiembre de 1833 muere Fernando VII, dejando como heredera del trono a su hija Isabel, con casi tres años de edad, y a su esposa, María Cristina de Nápoles, a cargo de la Regencia. Previamente, el monarca había abolido la ley sálica, que excluía del trono a las mujeres, lo que luego sería causa de una fuerte oposición militar por parte del infante Carlos y sus partidarios, los «carlistas», que, hasta ese momento, se tenía por legítimo sucesor.
En 1834, en una situación de crisis económica lamentable, la Reina Gobernadora pone al frente del primer ministerio a Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), nacido en Chiclana de la Frontera, Cádiz, quien, para sanear la Hacienda y hacer frente a los grandiosos gastos que suponía hacer frente al primer levantamiento de los carlistas (1833-1835), pone en práctica una contundente política de desamortización de los bienes de la Iglesia, acusada de partidaria del carlismo.
Así, entre 1835 y 1836, dispone una sucesión ininterrumpida de decretos, suprimiendo un gran número de conventos y congregaciones religiosas (excepto algunas dedicadas a la enseñanza de niños pobres o al cuidado de enfermos), cuyos bienes pasaron a manos del Estado, para ser vendidos luego en pública subasta, y su producto aplicado a la amortización de la Deuda.
Caída María Cristina al frente del reino (1840) y nombrado regente el general Baldomero Espartero (1793-1879), el nuevo mandatario dispuso, el 2 de septiembre de 1841, la venta de las fincas, derechos y acciones del clero secular. Doce provincias, entre ellas Madrid, Valencia, Salamanca, Sevilla, Cádiz, Jaén y Granada, poseían más de la mitad de los bienes del clero. Las ventas obtenidas en ellas significaron el 41,41% de todas las ventas nacionales y el 50,95% de las de las fincas urbanas.
El 19 de febrero de 1836 comenzaba el proceso desamortizador impulsado por el primer ministro Juan Álvarez Mendizábal. Cuando Mendizábal llegó al poder en 1835 tenía ante sí lo que consideraba dos problemas fundamentales, el precario estado de las arcas públicas y la guerra civil contra los carlistas. Para remediar ambos problemas en una sola jugada, ideó la desamortización, una medida injusta —y fracasada— que pretendía poner en el mercado bienes y tierras mediante la expropiación forzosa, para venderlas mediante subasta pública. Mendizábal pretendía así financiar la recluta de 100.000 soldados y terminar con la guerra, al tiempo que renovaba el flujo de caudal público y ganaba para la causa liberal un buen puñado de compradores agradecidos.
Lo que se conoce por bienes de «manos muertas» eran aquellos patrimonios que procedían del Antiguo Régimen y que se encontraban «amortizados», esto es, que no podían ser vendidos ni divididos. Pertenecían a un título nobiliario o eclesiástico, a una villa, a un convento, a una orden militar o a un mayorazgo y en ocasiones tenían vinculado un determinado uso, a menudo comunal. Su titularidad podía transmitirse a quien correspondiese en herencia, pero debían permanecer íntegros. La desamortización parcial de estos bienes se venía produciendo desde el siglo xvi por necesidades concretas de los monarcas. Y gobernantes como Godoy y José I la habían puesto en práctica, el segundo como medida hostil ante el apoyo del clero a la resistencia.
Mendizábal no era un pionero pero sí fue el impulsor definitivo de esta medida, que con él se volvió irreversible. Con la finalidad de «disminuir la deuda pública», el primer ministro legisló a base de «decretazos» (sus medidas no pasaron por el Parlamento), la supresión de todas las órdenes religiosas que no tuvieran como fin la beneficencia, al tiempo que expropiaba sus bienes y los ponía en venta. Como medida social, el proceso no tuvo efecto igualitario alguno, pues el método de subasta dirigía los bienes hacia unas pocas manos, las que disponían de capital. No se formó en España ninguna burguesía agraria, pues sólo la nobleza terrateniente se interesó por las grandes pujas. La reforma acrecentó el latifundismo en el sur y atomizó los minifundios del norte. Tampoco logró el flujo de capital deseado, pues el proceso de venta fue lento y el dinero llegó con cuentagotas. Bien es cierto que se liberaron miles de hectáreas para su explotación, pero al no venir acompañada de una reforma agraria, sus consecuencias fueron limitadas. La desamortización de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia económica y social de España.
Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, éstas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios pero pagables, en cambio, por las oligarquías muy adineradas que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.
Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses urbanos adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo.
Los terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente los pertenecientes al clero regular. Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros.
Javier De Frutos
Para Por Y para Aranjuez
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